Cerró la empresa Alunnova en Río Gallegos y los trabajadores judicializaron el conflicto laboral
Tras el cese definitivo de actividades el 10 de septiembre, los últimos cuatro dependientes de la firma exigen el pago de dos meses de sueldo, indemnizaciones y aportes previsionales no realizados, mediante la intervención de la Justicia.
El cierre definitivo de la empresa Alunnova dejó en la calle a su último personal activo y desencadenó una demanda judicial por haberes impagos e indemnizaciones. La notificación se produjo de manera intempestiva tras la jornada del jueves 10 de septiembre, cuando los responsables de la firma comunicaron telefónicamente a los operarios que no se presentaran a trabajar al día siguiente por la clausura total del establecimiento.
La medida afectó a los últimos cuatro empleados del predio, con legajos individuales que alcanzan los 15 y 20 años de antigüedad. Este desenlace se suma a un primer recorte concretado a mediados de abril, cuando la patronal desvinculó a otros cuatro operarios bajo la promesa de achicar la estructura para preservar los puestos restantes y sostener la operatividad del comercio.
A pesar de las dificultades financieras argumentadas por la administración, la planta mantenía un volumen activo de tareas y compromisos comerciales. El cese involuntario de las operaciones dejó trabajos inconclusos a clientes que ya habían abonado la totalidad de sus pedidos, situación que se suma a la comercialización previa de rodados de la empresa, realizada supuestamente para saldar compromisos salariales que continuaron acumulándose.
Según denunció el exempleado Maximiliano, la firma adeuda dos meses de sueldos y registra irregularidades en los aportes previsionales, los cuales eran declarados por montos inferiores a los percibidos. Ante el incumplimiento y la falta de respuestas a los telegramas laborales enviados, el personal decidió judicializar el reclamo con el patrocinio del abogado Báez, declinando recurrir al Ministerio de Trabajo por considerar que sus mediaciones suelen perjudicar la posición de los asalariados.
La gestión del establecimiento se encontraba en los últimos años bajo el mando de Gastón Levis, hijo del propietario Juan Carlos Levis, quienes no residen actualmente en la provincia. En el plano legal, los damnificados buscan que los tribunales dicten medidas expeditivas para asegurar el cobro de sus acreencias, mientras mantienen la guardia frente al inmueble alquilado por la firma para evitar la liquidación imprevista de las maquinarias e insumos que restan en el lugar.
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