El próximo 29 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación intentará avanzar con un paquete de medidas para atender la situación financiera de unos 20 millones de argentinos. La convocatoria surgió luego de que un bloque heterogéneo de la oposición lograra reunir 133 votos en el recinto, cifra que supera el quórum necesario para iniciar una sesión, aunque no alcanzó la mayoría agravada que exigía el apartamiento del reglamento.

Entre las más de cuarenta propuestas presentadas sobre el tema destaca el expediente 4583-D-2026, impulsado por la diputada Jimena López (Unión por la Patria) y acompañado por los tres representantes de esa fuerza por Santa Cruz. Durante la votación procedimental de la semana pasada, la iniciativa enfrentó el rechazo de 107 legisladores oficialistas y aliados, entre los que se contabilizó el voto negativo del representante de Por Santa Cruz  José Luis Garrido.

El proyecto declara la emergencia financiera por 180 días ante el "sobreendeudamiento de subsistencia", definido como aquel crédito tomado para cubrir necesidades básicas como alimentación, tarifas, salud, alquiler o transporte. La medida de mayor impacto inmediato es la suspensión por 120 días de embargos, juicios y gestiones de cobro extrajudiciales para obligaciones que no superen los 12 millones de pesos.

El texto contempla la creación de un programa voluntario de reestructuración que permite saldar el pasivo en hasta 24 cuotas. Estas obligaciones no podrán comprometer más del 20% de los ingresos netos del hogar. Según la propuesta, el Estado nacional absorbería los intereses, recargos y gastos administrativos mediante bonos, de manera que el deudor devuelva únicamente el capital original.

El esquema también exige una mejora en la calificación crediticia de quienes ingresen a la moratoria y fija topes a las tasas de los nuevos créditos esenciales, limitándolas a la tasa pasiva del Banco Nación.

La agenda legislativa incluye además la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, normativa que vence el 31 de diciembre. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo administró el área mediante extensiones administrativas, pero los bloques opositores buscan darle rango de ley para garantizar las prestaciones.

Ninguno de los expedientes tiene aún dictamen. El objetivo inmediato de la oposición para la sesión del 29 de septiembre no es sancionar la ley ese mismo día, sino utilizar la mayoría parlamentaria para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, forzándolas a emitir los despachos correspondientes en plazos perentorios.