El Colegio de Abogados de Santa Cruz formalizó una serie de presentaciones ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura para advertir sobre irregularidades en la conformación de ternas y el funcionamiento de distintos juzgados. La principal preocupación institucional surge a raíz del Concurso 115, destinado a cubrir tres juzgados penales.

Durante el proceso de selección, la institución objetó la inclusión en la terna de la doctora Dionisio, actual secretaria del Juzgado de Instrucción Penal de Río Turbio. El planteo ante el TSJ exige conocer si la funcionaria fue investigada tras la desaparición de armas secuestradas que debían estar bajo custodia de esa dependencia, que entonces se encontraba a cargo de la exjueza Betina Bustos.

"Lo que le estamos pidiendo al tribunal es que nos digan si se investigó, o si se investigó solo a los empleados y los funcionarios no fueron pasibles de investigación", señaló Huergo, marcando la gravedad de postular a un cargo como magistrada a quien cumplía funciones durante la sustracción del armamento.

La conducción de los abogados santacruceños también cuestionó la discrecionalidad en las entrevistas personales que realiza el Consejo de la Magistratura. Esta etapa representa el 40 por ciento del puntaje total de los postulantes, la misma valoración que el examen escrito técnico de oposición.

Según detalló Huergo, las entrevistas carecen de parámetros objetivos y uniformes. Los candidatos no reciben una devolución fundamentada de su calificación ni conocen el voto individual de cada consejero, sino únicamente un promedio final. Frente a esto, el Colegio solicita una modificación del reglamento interno del órgano para establecer criterios de evaluación tasados, garantizar el acceso a la información y lograr que las entrevistas sean efectivamente públicas y con fechas precisas.

A través del formulario de reclamos habilitado en la página web de la entidad, se registró una gran incidencia de quejas vinculadas al funcionamiento del juzgado de El Calafate. Ante la evidencia de una cuasiparalización de las causas, se solicitó al TSJ que realice una inspección en la villa turística, medida que todavía no se concretó.

En Río Gallegos, la preocupación se centra en la Cámara Civil de la Primera Circunscripción. Huergo advirtió sobre expedientes con más de dos años de demora, muchos de ellos con los plazos vencidos y pedidos de pronto despacho. La reciente asunción de la doctora Moreira como vocal generó que causas pendientes de resolución fueran retiradas del acuerdo y sorteadas nuevamente, dilatando aún más los tiempos procesales. Las demoras crónicas, indicó la presidenta, también afectan los fueros de familia y laboral en localidades como Caleta Olivia y Pico Truncado, vulnerando la tutela judicial efectiva.

Otro de los puntos críticos abordados es la ineficacia del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados. La ley sancionada en 2024 buscaba quitarle al propio TSJ el poder de decidir la admisibilidad inicial de las denuncias contra los jueces, pero la norma fue suspendida por una medida cautelar impulsada por la Asociación de Magistrados. La titular del Colegio lamentó que el mecanismo actual no funcione y no garantice a los ciudadanos una vía real para denunciar el mal desempeño.

En contrapartida, Huergo destacó que el colegio profesional ya puso en funcionamiento su propio Tribunal de Disciplina. Este órgano permite a cualquier ciudadano o colega denunciar irregularidades en el ejercicio de los abogados de la matrícula, asegurando de forma efectiva el control sobre la práctica privada.

Actualmente, el sistema de justicia santacruceño atraviesa una crisis de tiempos procesales que resiente el acceso a la justicia. Mientras los reclamos continúan su curso administrativo, la resolución de las irregularidades denunciadas depende de las definiciones estructurales que adopten el Consejo de la Magistratura y la cúpula del Poder Judicial.