La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó la solicitud para que el Poder Ejecutivo provincial remita en un plazo de 24 a 48 horas el expediente administrativo completo del Decreto 915. La resolución busca transparentar los fundamentos jurídicos y ambientales de la norma dictada por el gobernador Claudio Vidal, la cual habilita proyectos de inversión con capitales extranjeros en la Península de Magallanes y áreas naturales protegidas cercanas a El Calafate.

El diputado provincial y exgobernador Daniel Peralta sostuvo que la aplicación del decreto debe suspenderse de inmediato y que la bancada evaluará su derogación legislativa si el expediente no satisface las exigencias legales. "Nadie está en contra de que vengan inversiones, pero de esta forma no, porque se atenta contra un patrimonio que es de todos los santacruceños. En principio hay que frenarlo y, si las cosas no están bien, hay que derogarlo", afirmó el legislador.

El proyecto oficial contempla un desembolso estimado en 90 millones de dólares destinado a la construcción de infraestructura turística, con la participación de capitales de Emiratos Árabes. La medida generó rechazo en cámaras empresariales, prestadores turísticos, asociaciones ambientalistas y guías de parque de la villa turística, quienes advierten sobre el impacto en los servicios locales y el ecosistema de la zona. Previamente, los diputados Carlos Alegría y Agustín Cammola habían presentado requerimientos de información dirigidos al Consejo Agrario Provincial sin obtener respuestas oficiales.

Durante la misma labor parlamentaria, Peralta objetó la decisión del Ejecutivo de enviar nuevamente el pliego del Dr. Alfredo Albarracín para ocupar una vocalía en la Cámara de Apelaciones. La propuesta había sido rechazada por el cuerpo legislativo y girada al archivo en sesiones anteriores. "El único poder que puede insistir sobre un instrumento es el Legislativo. El Gobernador fue con una iniciativa, fracasó y la Cámara la archivó. Volver a enviarla genera un vacío constitucional que deslegitima las instituciones", remarcó el diputado.

El legislador volvió a reclamar el tratamiento del proyecto de su autoría para redistribuir entre los municipios y comisiones de fomento los recursos provenientes del Fondo UNIRSE, financiado por la actividad minera. De acuerdo con datos legislativos, el fideicomiso acumuló transferencias por más de 25.600 millones de pesos hasta agosto. La iniciativa busca dotar de liquidez a las intendencias para afrontar compromisos salariales y mitigar el deterioro del poder adquisitivo de los empleados municipales en el interior provincial.