Javier Nicolás Pereira, de 36 años, permanecía detenido desde hacía 11 meses en la Comisaría de Perito Moreno en el marco de una causa por robo cuando se desató el foco ígneo que terminó con su vida y la de otro interno. Tras el trágico hecho, su madre, Liliana Maldonado, apuntó de manera directa contra la cúpula de la dependencia policial y los jefes de la Policía de la Provincia de Santa Cruz por graves fallas de seguridad e incumplimiento de los deberes de cuidado.

La madre reveló que semanas antes del siniestro había advertido personalmente al comisario Alejandro Alarcón sobre las crecientes tensiones dentro del pabellón. Pereira se encontraba alojado junto a detenidos de alta peligrosidad trasladados desde Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia, a quienes la familia responsabiliza por generar disturbios de manera constante. Pese a los avisos sobre sospechas de agresiones y al posterior hallazgo de un cuchillo del tipo serrucho y una soga durante una requisa realizada por la DDI, las autoridades no dispusieron el traslado de los reclusos en conflicto ni adoptaron medidas preventivas especiales.

Maldonado denunció además el pésimo estado edilicio y la falta total de equipamiento básico contra incendios dentro de la seccional. Afirmó que durante los meses en los que frecuentó las instalaciones para las visitas familiares nunca observó la presencia de matafuegos ni de detectores de humo. Asimismo, cuestionó severamente los controles de ingreso al calabozo, al remarcar que los elementos utilizados para iniciar las llamas —entre ellos un encendedor— entraron con la complacencia o el déficit de requisa del personal de guardia.

Respecto del accionar de los efectivos durante la emergencia del 12 de septiembre, la madre del joven fallecido criticó la demora en la apertura de los calabozos y la falta de ventilación en los pasillos de detención. Según la reconstrucción que le transmitieron las propias autoridades, las rejas se hallaban demasiado calientes para introducir las llaves al momento de intervenir, situación que la familia atribuye a una reacción tardía frente a los gritos de auxilio. En el lugar, pensado originalmente para alojar internos de manera transitoria por lapsos no mayores a 48 horas, convivían en forma permanente cinco personas.

En el ámbito legislativo, el diputado Daniel Peralta presentó un pedido de informes de 24 puntos dirigido al Ministerio de Seguridad provincial para exigir precisiones sobre los registros de guardia, las condiciones de habitabilidad de la seccional y el historial de solicitudes de traslado desatendidas. En contraste, Maldonado cuestionó la inacción del diputado por el pueblo de Perito Moreno, Cristian Ojeda, quien no tomó contacto con la familia ni se pronunció sobre lo ocurrido.

La causa penal iniciada a raíz del incendio y las dos muertes se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal, con la actuación de la Gendarmería Nacional a cargo de los peritajes oculares y el secuestro de elementos probatorios. Todos los efectivos que prestaban servicio en la unidad al momento del hecho, incluidos el comisario Alejandro Alarcón y el subcomisario Almirón, así como la cadena de mandos de la Jefatura de Policía, permanecen sometidos a la investigación judicial para determinar las responsabilidades penales e institucionales correspondientes.