El Gobierno nacional activó los mecanismos previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante el avance de las operaciones británicas en las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes. A través de la Oficina del Presidente, se confirmó que la Cancillería y los equipos jurídicos oficiales tienen la instrucción de aplicar el Anexo VII de dicho tratado.

El objetivo central es bloquear el proyecto extractivo en la Cuenca Malvinas Norte e impedir el otorgamiento de nuevos permisos de exploración sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.

El jefe de Estado utilizó sus redes sociales para fijar la postura oficial. "Si en 2 semanas Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar", advirtió.

La administración fundamenta el reclamo en normativas de la Asamblea General de la ONU. El documento oficial cita la Resolución 2065, que reconoce la disputa de soberanía e insta a la negociación, y la Resolución 31/49, que prohíbe modificaciones unilaterales en la situación de los archipiélagos. Para el Ejecutivo, el accionar británico constituye una violación al derecho internacional que genera un perjuicio irreversible a los derechos soberanos del país.

El conflicto por los hidrocarburos se da en simultáneo con el rechazo de la Casa Rosada a la respuesta británica tras el discurso de Milei ante la ONU. El Gobierno desconoció la validez del referéndum isleño de 2013 y la denominación del área como territorio de ultramar.

A la par, se iniciaron gestiones diplomáticas, acciones administrativas y denuncias penales por la detección de operaciones aéreas no autorizadas. Los vuelos unieron las islas con Punta Arenas y fueron realizados por una aeronave con matrícula británica perteneciente a la empresa Thales UK Limited.

El diferendo queda ahora supeditado al cumplimiento del plazo de catorce días fijado por la presidencia. De no cesar la actividad petrolera en la zona, el Estado argentino solicitará medidas provisionales ante la justicia internacional para frenar el avance del proyecto.