El diseño del presupuesto elaborado por la administración de Javier Milei y Luis Caputo proyecta para el próximo año un crecimiento económico del 4%, una inflación interanual del 18% y un tipo de cambio oficial de 1847 pesos por dólar. El documento oficializa la continuidad del déficit cero como eje central de la gestión, apostando a una reducción del gasto público en distintas áreas del Estado sin incrementar la carga impositiva.

Para las jurisdicciones provinciales, el texto incluye una proyección específica: las transferencias discrecionales del Tesoro experimentarán un incremento del 2% en términos reales respecto del año en curso.

Uno de los puntos de mayor tensión en la previa del debate parlamentario era la intención del Gobierno de aplicar recortes y derogaciones vinculadas a las personas con discapacidad. El bloque oficialista debió dar marcha atrás luego de que asesores y referentes judiciales advirtieran que una reducción de derechos adquiridos generaría una ola masiva de juicios contra el Estado, anulando cualquier intento de ahorro fiscal.

El sistema de protección integral está resguardado por las leyes 22.431 y 24.901, además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Recientemente, el juez federal Adrián González Charvay falló en contra del Ejecutivo y lo obligó a reglamentar la ley de emergencia en discapacidad, sentando un precedente judicial sobre la imposibilidad de aplicar políticas regresivas en esta materia.

Ante este escenario, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inició negociaciones con legisladores aliados para redactar una ley permanente. El nuevo objetivo del oficialismo es garantizar el piso de prestaciones básicas exigido por la Justicia, pero endurecer los requisitos y auditorías para el otorgamiento de nuevas pensiones. Las diferencias internas por el manejo de esta crisis derivaron en la renuncia del secretario de Discapacidad de la Nación, Alejandro Vilches.

El tratamiento legislativo también deberá absorber el reclamo del sector académico. El proyecto asigna 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales, lo que representa un congelamiento de fondos en términos reales en comparación con 2026. El Consejo Interuniversitario Nacional ya adelantó que requiere un mínimo de 10 billones para funcionar, anticipando la continuidad del conflicto salarial y presupuestario.

En el ámbito del gasto social, el Gobierno nacional ratificó la política de asistencia directa sin intermediarios. Las planillas presentadas aseguran la continuidad y el financiamiento de la Asignación Universal por Hijo, la prestación Alimentar y el Plan 1000 Días.

El texto presupuestario inicia su recorrido en comisiones. El oficialismo busca ahora un tratamiento rápido, condicionado a los acuerdos que logre tejer con la oposición dialoguista sobre los fondos universitarios y el nuevo marco normativo para discapacidad.