La edil expresó su preocupación por el avance de Kaiken Sur, una iniciativa privada que proyecta la urbanización en las inmediaciones de la Ruta 41. Según indicó, el municipio desconoce los detalles técnicos del loteo y no existe un estudio de impacto ambiental a disposición.

Romanelli detalló que solicitó información registral a la Dirección Provincial de Catastro y a la Secretaría de Obras local para identificar a los compradores de los macizos ubicados hacia la zona del Lago del Desierto, pero no obtuvo respuestas oficiales. “Es un gran interrogante quién compró varias de las tierras que están aquí alrededor y para qué fin”, señaló en declaraciones radiales.

Respecto al déficit habitacional, descartó que este emprendimiento ofrezca una solución debido a sus características de barrio privado con perfil comercial. Al mismo tiempo, evaluó que el proyecto de ampliación en La Florida, impulsado en la Legislatura por el diputado Carlos Alegría, resulta insuficiente: abarca apenas 30 hectáreas, mientras que existen 200 expedientes abiertos y cerca de 600 personas en lista de espera.

El posible asentamiento genera alertas por la provisión de agua, ya que la toma de la localidad depende del río adyacente. Actualmente se aguarda un informe técnico conjunto del Consejo Agrario Provincial (CAP) y la Secretaría de Estado de Ambiente para evaluar la viabilidad de la zona.

La concejal advirtió sobre el estado crítico de los servicios básicos. Afirmó que la nueva planta de efluentes, bajo la órbita de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), nacerá con su capacidad al límite al estar diseñada para 10.000 habitantes, cifra que la villa cordillerana alcanza durante la temporada estival.

También denunció que la contratista a cargo de la obra acumula multas por demoras, que los líquidos cloacales continúan vertiéndose al cauce sin tratamiento y que la Provincia desatiende dos fallos judiciales al respecto. A esto sumó la falta de una cisterna de reserva para mitigar los constantes cortes de suministro de agua potable.

En el plano económico, proyectó una temporada compleja con una drástica reducción del turismo nacional a raíz de los altos costos de conectividad, con pasajes aéreos que promedian los $700.000. Esta situación acortó la ventana de trabajo, dejando meses históricamente activos con muy bajo nivel de reservas, mientras crece la cantidad de plazas que compiten por un volumen menor de visitantes.

Finalmente, cuestionó la administración de los recursos municipales. A pesar de percibir coparticipación para los 1.800 residentes estables y de haber aprobado un fuerte aumento tarifario para el sector comercial hace dos años, remarcó la ausencia de obras básicas de mantenimiento urbano.

Actualmente, el Concejo Deliberante analiza modificar el módulo fiscal atado al precio del combustible para aliviar la presión impositiva sobre los comerciantes, mientras aguardan que los organismos competentes remitan la documentación ambiental requerida para evaluar el impacto de las nuevas urbanizaciones.