Santa Cruz registra un 23,8% de sus deudores en situación de mora, cifra que la posiciona únicamente por detrás de La Rioja (26%) en el mapa nacional del incumplimiento crediticio. El dato surge del informe confeccionado por el Instituto Argentina Grande sobre la base de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El indicador refleja a las personas con al menos una línea crediticia con un retraso igual o superior a tres meses. A nivel país, el universo de morosos alcanza a 5,6 millones de personas, lo que representa el 26,9% del total de endeudados del sistema bancario y no bancario.

El deterioro es especialmente marcado en los deudores irrecuperables —quienes acumulan más de un año de atraso—, categoría que creció un 60% interanual hasta alcanzar los 3,4 millones de personas. La mitad de este grupo arrastra compromisos por $77.900 o menos, monto que expone el peso del endeudamiento destinado a compras cotidianas. En el canal no bancario, la tasa de mora en comercios de electrodomésticos asciende al 54%.

Este cuadro financiero coincide con un escenario de fragilidad socioeconómica local. De acuerdo con las últimas mediciones del INDEC para el aglomerado Río Gallegos, 31.686 personas viven bajo la línea de pobreza y 5.835 en condiciones de indigencia.

En paralelo al impacto del endeudamiento en los hogares, la aprobación de la reforma al régimen de Zona Fría en el Senado de la Nación dejó un saldo diferenciado para la provincia. A diferencia de lo resuelto para el centro del país, Santa Cruz y las demás jurisdicciones patagónicas mantendrán la bonificación automática de entre el 30% y el 50% en la tarifa de gas por red.

La norma recortó la cobertura geográfica automática y desplazó a 3,35 millones de hogares de la franja central del país. Quienes residan fuera de la Patagonia deberán tramitar su incorporación al Subsidio Energético Focalizado (SEF) y demostrar ingresos familiares inferiores a 3 Canastas Básicas Totales para sostener algún tipo de asistencia.

El nuevo marco legal introdujo además una modificación técnica en la fórmula de cálculo. La bonificación ya no se aplicará sobre el importe total consolidado de la boleta, sino únicamente sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando fuera del subsidio a los componentes de distribución, transporte troncal y cargas impositivas.

Según estimaciones de la Secretaría de Energía de la Nación, el repliegue de los beneficios automáticos en las zonas templadas generará un ahorro fiscal para el Estado evaluado entre $200.000 millones y $480.000 millones al año.

Tras la convalidación del esquema tarifario en el Congreso, la readecuación de las liquidaciones se aplicará en las próximas boletas de gas, mientras los indicadores crediticios mantienen bajo seguimiento el nivel de morosidad en el consumo familiar.