Manuel Tobías Lynch, histórico referente de la zona del Cerro Buenos Aires, desmintió cualquier participación en las gestiones para vender terrenos de la Península de Magallanes a capitales extranjeros.  El propietario recordó el extenso proceso judicial que su familia llevó adelante frente a las restricciones impuestas en el oeste del lago Argentino. Tras quince años de litigio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obtuvieron un fallo favorable que declaró inconstitucionales las normativas aplicadas sobre sus tierras y sentó un precedente sobre la regulación de la propiedad privada frente al derecho ambiental.

Sin embargo, Lynch cuestionó que luego de esa sentencia el Estado provincial implementó un plan de manejo "completamente irregular" y "con trampas", diseñado para favorecer a contratistas de la obra pública. "Se ha premiado al que agredió, al que hizo ilegalmente, al que tuvo el acomodo con el poder", expresó. Asimismo, advirtió que actualmente el sector es una "reserva de papel" que padece invasiones constantes y un impacto no planificado.

A diferencia de los dueños agotados por décadas de trabas burocráticas, la propuesta impulsada por Lynch consiste en construir un centro de montaña operativo durante las cuatro estaciones en el Cerro Buenos Aires. La iniciativa busca quebrar la estacionalidad turística de la región, proyecta destinar el 70 por ciento de los puestos de trabajo a residentes locales y promueve la participación activa de empresarios santacruceños.

Este plan de desarrollo fue expuesto ante el gobernador Claudio Vidal y su gabinete durante una extensa mesa de trabajo. Si bien aclaró que no se rubricaron acuerdos formales, el referente valoró la disposición del mandatario. Señaló que no percibe mala intención en la actual gestión, sino "desesperación por tratar de llevar oportunidades y trabajo para la gente".

Respecto a las potenciales inversiones de Medio Oriente en predios vecinos, el empresario consideró que la legalidad de dichas operaciones deberá ser evaluada exclusivamente por la Justicia. El aprovechamiento de la cordillera provincial continúa a la espera de un marco de reglas claras que garantice el equilibrio entre la protección ambiental efectiva y la generación de empleo para Santa Cruz.