La diputada de La Libertad Avanza Virginia Gallardo presentó el proyecto en el Congreso para modificar el Código Penal en el tramo final del período ordinario, con el propósito de establecer la imprescriptibilidad de los delitos con prisión perpetua e incrementar las escalas penales de los abusos sexuales.

De acuerdo con los fundamentos del texto presentado, los delitos castigados con la pena más grave del sistema pierden la posibilidad de persecución estatal tras el paso del tiempo. Por esa razón, la iniciativa propone que la acción penal no prescriba en esos casos.

Asimismo, el proyecto contempla modificaciones para los delitos con prisión temporal, donde el techo actual de 12 años se eleva a 15 años. En el caso de las inhabilitaciones temporales, el plazo propuesto asciende de uno a tres años.

Para fundamentar la necesidad de adecuar las normativas vigentes, los autores remarcaron que el Estado debe conservar la capacidad de investigar los hechos de mayor complejidad. A partir de ahora, la declaración de rebeldía ante una fuga y el pedido de extradición funcionarán como causales para interrumpir o suspender el cómputo de la prescripción.

El segundo eje central de la reforma apunta a actualizar la respuesta penal ante conductas que involucran agresiones de índole sexual. Según el proyecto, los máximos previstos para estas figuras delictivas experimentan subas considerables.

Por caso, el abuso sexual simple eleva su techo punitivo hasta los seis años de prisión. En las formas calificadas como gravemente ultrajantes, la pena máxima se fija en 12 años, mientras que los hechos cometidos con acceso carnal alcanzan los 20 años de reclusión, con posibilidad de escalar hasta 22 años si median agravantes específicos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladoras de distintos bloques dialoguistas, entre ellas Laura Rodríguez Machado, Pamela Verasay y Gladys Medina. En la Casa Rosada analizan la medida como parte de un conjunto de iniciativas vinculadas a una agenda punitiva orientada al debate político.

Por el contrario, desde la oposición cuestionaron el avance de la propuesta en la agenda parlamentaria y manifestaron reparos ante la rapidez con la que el oficialismo pretende llevar el texto al recinto de sesiones antes de la finalización del año legislativo.

Para el Poder Ejecutivo, las modificaciones legislativas buscan otorgar mayor coherencia al sistema de justicia y dotar a los jueces de herramientas adecuadas para la individualización de las sanciones. Sin embargo, en el ámbito legislativo continúan pendientes las negociaciones en comisiones para definir el alcance definitivo de las reformas propuestas.