La iniciativa legislativa prevé la interrupción del cobro de haberes por el plazo de un mes para aquellos parlamentarios que utilicen expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ámbito de la Cámara de Diputados. Para los supuestos de reincidencia, amenazas o agresión física, la penalización económica se extenderá hasta los dos meses.

De acuerdo con lo que explicaron los impulsores de la medida, la propuesta busca cubrir un vacío reglamentario actual para sancionar conductas alejadas del intercambio político institucional. El texto aclara que quedan exceptuadas de la norma las opiniones críticas y los juicios de valor, al sostener que tales expresiones se encuentran amparadas por la libertad de expresión parlamentaria.

El proyecto sobre las dietas se añade a otras propuestas presentadas previamente por la legisladora mendocina y presidente del Partido a nivel nacional. Entre las iniciativas anteriores figura la insistencia en derogar la ley que otorga a senadores y diputados un carnet de libre circulación y estacionamiento vehicular en todo el territorio de la República Argentina.

Adicionalmente, la agenda parlamentaria de la legisladora incluye proyectos para establecer la obligatoriedad de una evaluación de idoneidad psicológica funcional destinada a candidatos a la presidencia, vicepresidencia, bancas legislativas y cargos superiores del Ejecutivo Nacional.

El paquete de medidas regulatorias también contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los candidatos testimoniales y la prohibición formal de exhibir cartelería, afiches y pancartas dentro del recinto durante el desarrollo de las sesiones y asambleas legislativas.

Para el sector impulsor de la medida, las iniciativas legislativas buscan responder al descrédito institucional y elevar los estándares de respeto en el debate público, mientras persisten los debates parlamentarios en torno a la viabilidad de estas modificaciones reglamentarias.