Las acciones de la compañía británica Rockhopper experimentaron este lunes una fuerte contracción bursátil que rondó el 14% en los mercados internacionales, profundizando la tendencia a la baja registrada en las últimas semanas. La caída responde al impacto directo de las penalizaciones impulsadas por el Gobierno nacional y a la necesidad de reestructurar la cadena de proveedores del proyecto Sea Lion.

La operadora israelí Navitas Petroleum comunicó a sus inversores que debió iniciar gestiones para sustituir a dos contratistas que incumplieron sus acuerdos, luego de que la estadounidense Halliburton oficializara su salida del proyecto hidrocarburífero frente a las intimaciones de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica.

Las restricciones legales y los procedimientos administrativos activados desde Buenos Aires alteraron el esquema operativo previsto para el archipiélago. Pese a las tensiones, los socios ratificaron la continuidad del plan de explotación y celebraron la prórroga de licencias otorgada por la administración británica de las islas, con el objetivo de iniciar las perforaciones a principios de 2027 y extraer hasta 55.000 barriles diarios desde el primer trimestre de 2028.

La disputa comercial se desarrolla en paralelo al frente judicial y diplomático de creciente tensión. La Justicia Federal de Tierra del Fuego mantiene vigente la medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que exige la suspensión de las actividades de exploración tras una presentación de excombatientes.

A este escenario se suma el procedimiento de arbitraje internacional iniciado por el Estado argentino contra el Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el propósito de frenar la explotación petrolera en la plataforma continental austral en el marco de las leyes 26.659 y 26.915.

La continuidad del proyecto depende ahora de la capacidad de la operadora para asegurar proveedores alternativos que cubran las bajas registradas en las últimas semanas, mientras el Gobierno nacional sostiene el proceso de notificación a empresas y directivos vinculados con la actividad hidrocarburífera en la zona austral.