La sesión ordinaria N° 13 del Concejo Deliberante de El Chaltén tendrá como uno de sus ejes centrales el debate territorial y ambiental a partir de dos iniciativas impulsadas por la edil Elizabeth Romanelli. Ambos proyectos apuntan a cuestionar decisiones normativas tomadas en los niveles nacional y provincial por considerar que erosionan los marcos de protección sobre el patrimonio natural y estratégico de la provincia.

La primera de las declaraciones expresa un rechazo contundente al artículo 154 del DNU 070/2023 firmado por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se derogó la Ley N° 26.737 del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Para la concejal, dejar sin efecto por vía de decreto una norma que fijaba topes explícitos a la compra de campos e inmuebles rurales por parte de capitales internacionales afecta de manera directa la administración soberana de los recursos de la región. “No estamos hablando solamente de una discusión jurídica. Estamos hablando de qué hacemos con nuestro territorio y con los recursos estratégicos de nuestro país”, advirtió al argumentar la necesidad de un pronto tratamiento en el recinto.

En el plano provincial, el cuestionamiento se dirige de forma puntual contra el Decreto N° 0915/2026 emitido por el Gobierno de Santa Cruz. La norma habilitó una excepción para posibilitar la transferencia inmobiliaria de la Fracción G (Matrícula 186), ubicada dentro de la Península de Magallanes, una zona crítica por su proximidad inmediata al Glaciar Perito Moreno.

El pedido elevado a la legislatura local no solo exige al Ejecutivo santacruceño retrotraer las medidas administrativas dispuestas sobre esa área protegida, sino también la remisión completa del expediente, los estudios de impacto ambiental y las actuaciones cursadas. El foco del reclamo radica en la arbitrariedad del instrumento adoptado: el propio texto del decreto provincial explicita que la dispensa concedida no podrá tomarse como antecedente ni criterio automático para futuros trámites en la zona.

Frente a este punto, la concejal cuestionó los fundamentos de la medida: “Si para autorizar una operación hay que crear una excepción que no podrá aplicarse como antecedente para otros casos, tenemos que preguntarnos qué criterios se están utilizando y a quiénes termina beneficiando esa decisión”. En esa misma línea, la representante remarcó que un área ambientalmente sensible no admite la lógica de transacciones inmobiliarias convencionales y exigió abrir canales de participación ciudadana y libre acceso a la información ambiental antes de consolidar decisiones sobre el territorio.