Trabajadores despedidos del yacimiento Cerro Negro, operado por la empresa Newmont en Perito Moreno, cumplieron trece días en la capital provincial para exigir que el gobierno santacruceño intervenga en la devolución de sus puestos de empleo. El reclamo se inició hace tres meses con el envío de telegramas de cesantía a cinco operarios residentes en la provincia.

Mario Carrizo, un minero cesanteado oriundo de Lago Posadas, explicó que la nómina de desafectados abarca a trabajadores de distintas localidades santacruceñas. Ante el vencimiento de las instancias administrativas y la falta de respuestas por parte del sindicato Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), tres de los operarios despedidos se trasladaron a Río Gallegos para requerir la mediación de la Autoridad de Trabajo provincial.

Los trabajadores indicaron que la primera respuesta de la cartera laboral provincial contempló el compromiso de gestionar el reingreso a la mina de oro y plata en un plazo de dos semanas. Sin embargo, tras agotarse ese periodo sin novedades ni comunicación por parte del ministro de Trabajo, Javier Aravena, ni de la conducción del gremio minero en Puerto San Julián, los cesanteados costearon un segundo viaje a la capital.

Según expuso Carrizo en declaraciones radiales a FM News, el titular de la cartera laboral encabezó diversas audiencias durante las últimas dos semanas en las que comunicó avances contrapuestos. Durante una de las reuniones presenciales se tomó contacto con la gerencia de la minera, desde donde rechazaron la reincorporación del personal desvinculado amparándose en normativas internas, aunque ofrecieron diez vacantes operativas de reposición que no fueron canalizadas para la contención de los operarios locales.

La llegada de los operarios al centro administrativo de la provincia se gestó a partir de una comunicación con la Secretaría Privada del gobernador Claudio Vidal. Desde el entorno del mandatario les expresaron la decisión política de resguardar el empleo de los residentes santacruceños, aunque las actuaciones administrativas dentro del esquema laboral mantuvieron el expediente en punto muerto.

Los mineros afectados señalaron que no solicitan asistencia financiera ni subsidios estatales, sino la inmediata asignación de tareas en el sector extractivo. Con el apoyo habitacional de familias locales, los tres trabajadores confirmaron que permanecerán en Río Gallegos hasta ser recibidos por el Ejecutivo provincial o ser reubicados en otro yacimiento de la cuenca.