El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil tomó por sorpresa a las consultoras de opinión pública y reconfiguró de inmediato el tablero político y económico de la región. El ajustado triunfo del candidato del Partido Liberal (PL) sobre el mandatario saliente se explicó, en gran medida, por el desencanto de los sectores de menores ingresos, donde la abstención alcanzó un 21% y la pérdida de poder adquisitivo por el endeudamiento cotidiano minó la base histórica del oficialismo.

La jornada electoral dejó además una fuerte consolidación del arco conservador en el Poder Legislativo. El PL aseguró 19 de las 54 bancas en juego dentro del Senado y al menos 85 bancas en la Cámara de Diputados, posicionándose como la principal fuerza en ambas cámaras. A este esquema se suma la elección como legisladores de varios integrantes de la familia directa del expresidente Jair Bolsonaro en distritos clave como la Capital Federal, Santa Catarina y San Pablo.

Con esta nueva correlación de fuerzas, la bancada derechista apunta a impulsar un proyecto de ley de amnistía para liberar al expresidente Jair Bolsonaro de su condena a 27 años de prisión domiciliaria, además de promover el juicio político contra integrantes del tribunal supremo, entre ellos el juez Alexandre de Moraes. El Congreso reforzó en los últimos años el control directo sobre las partidas presupuestarias discrecionales, que pasaron de representar el 7,5% en 2018 al 21% en 2025.

En las primeras operaciones financieras posteriores al comicio, los activos brasileños reaccionaron con alzas de dos dígitos en los mercados internacionales. Los títulos de Petrobras avanzaron un 10% en la apertura de Wall Street, mientras que las acciones de entidades bancarias como Itaú Unibanco y Bradesco treparon hasta un 14%, en paralelo a una apreciación del real frente al dólar.

El comportamiento financiero contrapone la lectura del mercado sobre las metas fiscales con la situación social del país. Aunque Brasil muestra un riesgo país cercano a los 170 puntos, reservas internacionales por casi US$ 400.000 millones e inversión extranjera directa por US$ 77.000 millones, la gestión económica enfrenta un déficit fiscal del 82% del PBI, una deuda pública del 95% del Producto y tasas de interés fijadas en el 13,75%.

Las dos fuerzas políticas que competirán en la segunda vuelta ya proyectaron la necesidad de correcciones en el gasto público para estabilizar la macroeconomía, en un contexto legislativo donde el próximo presidente deberá negociar también la cobertura de vacantes clave en el Banco Central y el Tribunal Supremo de Justicia.