El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Pública Nacional Centralizada que se desempeña en organismos del Poder Ejecutivo.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La adhesión estará habilitada entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, aunque la normativa prevé una única prórroga de hasta 30 días corridos que podrá ser dispuesta por la autoridad de aplicación.

El régimen alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado.

La normativa establece tres categorías de beneficiarios.

El primer grupo comprende a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 años que aún no reúnen los aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria. Estos agentes podrán optar entre percibir durante un período determinado el 60% de su remuneración bruta habitual, manteniendo los aportes previsionales y de obra social, o cobrar una gratificación única calculada en función de la antigüedad.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que ya cuentan con al menos 30 años de aportes jubilatorios. En estos casos, la compensación consiste en una suma equivalente a un sueldo bruto por cada año de servicio, con un tope de 18 remuneraciones. Además, recibirán una asignación adicional equivalente a cinco salarios brutos.

La tercera categoría está integrada por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. Para ellos se prevé una gratificación de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones. También se incorporan pagos adicionales de entre cuatro y cinco salarios, según los años de permanencia en planta.

El decreto establece que los organismos alcanzados deberán avanzar en la eliminación de los cargos presupuestarios ocupados por quienes adhieran al programa una vez que finalice la relación laboral.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que también tendrá a su cargo la reglamentación complementaria necesaria para la implementación del régimen.

El régimen fija además una serie de restricciones para acceder al beneficio.

No podrán adherirse quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre del período de inscripción. También quedan excluidos los agentes sometidos a sumarios administrativos vinculados con posibles sanciones de cesantía o exoneración.

La prohibición alcanza además a quienes tengan procedimientos disciplinarios pendientes, hayan iniciado acciones judiciales o reclamos administrativos contra el Estado nacional vinculados con su relación laboral y no desistan de ellos, o ya hayan iniciado trámites jubilatorios.

Tampoco podrán adherirse quienes ya cumplan los requisitos para jubilarse, quienes tengan una renuncia presentada y pendiente de aceptación, ni aquellos que se encuentren o sean declarados en situación de disponibilidad durante la vigencia del programa.

La medida comenzará a aplicarse con la apertura de las inscripciones en noviembre, mientras los organismos nacionales deberán adecuar los procedimientos administrativos previstos para su implementación.