La presentación judicial apunta de manera directa contra los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dictado por el Ejecutivo nacional, que eliminó las restricciones para la extranjerización de tierras rurales. El planteo fue impulsado por los diputados provinciales Agostina Mora, Carlos Alegría, Eloy Echazú y Santiago Godoy, junto con la asociación civil CEJUS, y busca frenar de forma inmediata las operaciones inmobiliarias en curso en la zona sur de la provincia.

El eje central de la demanda recae sobre el decreto provincial 915/2026 y sus subsecuentes modificaciones administrativas. La acción legal sostiene que el procedimiento ejecutado por la administración de Claudio Vidal presenta vicios formales y materiales, incluyendo errores iniciales en la identificación de las parcelas que debieron ser corregidos mediante la firma de los funcionarios Gustavo Leguizamón y José Daniel Verbes.

Los letrados que patrocinan a los legisladores y a la organización no gubernamental argumentan que la normativa provincial vulnera disposiciones federales y locales al habilitar la transferencia de inmuebles que contienen o son ribereños de cuerpos de agua de envergadura, una condición históricamente protegida para resguardar recursos estratégicos.

La estrategia legal combina dos legitimaciones diferenciadas. Por un lado, los diputados firmantes invocan su representación institucional en la defensa del territorio santacruceño; por el otro, el CEJUS fundamenta su adhesión en la tutela de los derechos ambientales y la preservación de los glaciares.

Península Magallanes opera como un área de amortiguamiento y conservación lindante con el Parque Nacional Los Glaciares. El escrito advierte sobre el impacto irreversible que la radicación de capitales extranjeros sin controles rigurosos podría generar sobre el suelo, la biodiversidad y el régimen hídrico de la reserva.

El amparo solicita como medida cautelar una orden de no innovar que paralice cualquier avance administrativo o registral sobre las parcelas en disputa, a la espera de una sentencia de fondo que declare la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas.