La muerte de Sergio Taselli, marca el cierre biográfico de uno de los actores clave en el período privatizador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Al frente del consorcio privado durante la década de 1990, la gestión de Taselli signó un capítulo crítico en la Cuenca Carbonífera, atravesado por reclamos sindicales debido a la pérdida de fuentes laborales, cuestionamientos sobre el manejo patrimonial y procesos en la Justicia Federal.

El proceso de privatización se concretó en 1994, bajo la presidencia de Carlos Menem y la gobernación de Néstor Kirchner. El Estado Nacional adjudicó la concesión integral de la mina junto con la red ferroviaria y las terminales portuarias operativas en Punta Loyola y Río Gallegos. El consorcio adjudicatario estuvo integrado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, IATE S.A., ELEPRINT S.A. y Dragados y Obras Portuarias S.A., con Taselli en el rol de presidente de la firma concesionaria.

El contrato de concesión incluyó un esquema de subsidios estatales por 22,5 millones de pesos anuales, equivalentes a igual monto en dólares por la vigencia de la convertibilidad. La administración de estos recursos públicos y el destino de los bienes del complejo minero e industrial concentraron fuertes críticas por parte de los trabajadores y la comunidad local en Río Turbio y 28 de Noviembre.

El ciclo privado concluyó en 2002. A través del Decreto 1034/02, firmado durante la presidencia de Eduardo Duhalde mientras Néstor Kirchner continuaba en el Ejecutivo provincial, el Estado rescindió la concesión integral y reasumió la operación directa del yacimiento y los servicios ferroportuarios para asegurar la continuidad de las actividades.

La administración del complejo tuvo también derivaciones judiciales. En 2011, el juez federal Sergio Torres procesó a Taselli por presunta administración fraudulenta y dispuso un embargo de 45 millones de pesos, en una investigación enfocada en el destino de los fondos públicos recibidos y el manejo de los activos estatales. El expediente alcanzó además a funcionarios con responsabilidad en los mecanismos de control, con un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en 2016 que dejó asentadas las imputaciones formuladas durante la instrucción, causa que no llegó a una instancia de condena firme.

A más de dos décadas de la estatización del complejo, el fallecimiento del empresario devuelve al centro del debate una etapa decisiva para la vida económica y social de la Cuenca Carbonífera.