La dirigente radical Roxana Reyes confirmó que junto al abogado Javier Stoessel, presentó una denuncia judicial para que se investigue el contrato suscripto entre Santa Cruz Puede y la empresa South Horizon SAW, por considerar que existen elementos que podrían configurar un perjuicio para el patrimonio público provincial.

Reyes explicó que la presentación se originó tras tomar conocimiento del acuerdo mediante el cual la empresa estatal cedió por 20 años instalaciones ubicadas en el predio que perteneció a Austral Construcciones, inmueble que había sido adquirido previamente por el Estado provincial.

Según detalló, la firma beneficiaria fue constituida apenas 21 días antes de la celebración del contrato. También cuestionó las condiciones económicas del acuerdo, al señalar que contempla un canon mensual de alrededor de tres millones de pesos por una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados.

La ex legisladora sostuvo además que el convenio no prevé cláusulas de actualización del alquiler. “Va a seguir pagando lo mismo dentro de dos, tres, cuatro o cinco años porque no hay ninguna cláusula para actualizar ese contrato”, afirmó.

Entre los aspectos observados mencionó también que la empresa contaría con ocho meses de gracia sin pago del alquiler y la posibilidad de compensar eventuales mejoras realizadas en el predio con el valor del canon. Asimismo, indicó que el contrato habilitaría el subalquiler de las instalaciones a terceros.

“Hay un enriquecimiento de un privado y no se ve cuál es el beneficio para la administración”, manifestó Reyes, quien remarcó que no existió una instancia pública que permitiera la participación de otros interesados.

La denuncia no apunta inicialmente contra una persona determinada, sino que solicita que la Justicia establezca las responsabilidades de quienes intervinieron en la operación. No obstante, señaló que la investigación deberá determinar el grado de participación de funcionarios, autoridades de la empresa y organismos de control.

Tras la presentación judicial, Reyes informó que también entregó una copia de la denuncia al procurador general Eduardo Sosa, con el objetivo de que realice un seguimiento institucional de la causa y promueva las medidas necesarias para esclarecer los hechos.

“Los hechos de corrupción no dañan a una persona, dañan al conjunto de la comunidad”, afirmó.

La dirigente cuestionó además el rol de distintos organismos de control y sostuvo que situaciones de este tipo deben ser investigadas con rapidez para evitar que generen consecuencias sobre el patrimonio público.

En otro tramo de la entrevista, Reyes reiteró su posición crítica respecto de Santa Cruz Puede y aseguró que impulsaría su derogación. Argumentó que la empresa estatal desarrolla actividades que compiten con el sector privado y consideró que el Estado provincial debe concentrar sus recursos en áreas esenciales como salud, educación, seguridad y justicia.

También se refirió al escenario político provincial y sostuvo que Santa Cruz necesita un acuerdo amplio entre distintos sectores para definir políticas de desarrollo. En ese marco, confirmó que mantiene diálogo con referentes de La Libertad Avanza, aunque descartó que ello implique necesariamente coincidencias electorales o ideológicas.