La secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado, se presentó en los tribunales locales para prestar declaración testimonial en la causa que investiga supuestos sobreprecios y compras irregulares a la droguería Suizo Argentina por parte de la Caja de Servicios Sociales. Tras salir de la audiencia, la funcionaria sostuvo que el trámite no busca esclarecer los pagos millonarios denunciados sino, persecución política e intento de disciplinamiento hacia voces críticas del Poder Ejecutivo provincial.

Durante la audiencia encabezada por la jueza Yamila Borquez y el fiscal José Chan, Delgado remarcó que el expediente judicial cuenta con recortes de prensa y reproducciones de sus declaraciones mediáticas en lugar de medidas probatorias sobre los balances financieros de la obra social estatal.
 

"Ayer fui a declarar en calidad de testigo en una causa que se mueve con un ritmo muy similar al que se están moviendo otras causas políticas. Me preguntaron qué sabía y conté la información pública emitida por la prensa nacional y el registro de Tesorería con los pagos a la Suizo Argentina, donde hubo incrementos llamativos de más del 1000%. Cuando abrí el expediente para ver qué investigaban, me encontré con fotos mías y recortes de mis declaraciones mediáticas. No están investigando los pagos a la droguería; buscaban un falso testimonio o acorralarme".

Delgado vinculó la maniobra con el accionar del expresidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, quien inició querellas por calumnias e injurias contra dirigentes y periodistas que hicieron públicos los giros de fondos hacia la firma farmacéutica.

La funcionaria municipal advirtió sobre un deterioro institucional en la provincia e indicó que presentará un planteo formal ante el procurador general Eduardo Sosa para que evalúe el desempeño del fiscal interviniente.

"Me trataron como a una acusada en una audiencia testimonial. Es llamativo que la jueza y el fiscal tomen personalmente una declaración de este tipo cuando a diario miles de vecinos esperan años por resoluciones judiciales. Hay un Poder Judicial cooptado que responde directamente al Ejecutivo para silenciar a la oposición y al periodismo", aseveró Delgado.

Delgado repasó denuncias administrativas planteadas por la gestión municipal respecto a presuntas anomalías en la asignación de ayuda social dentro de los dispositivos del sistema penal juvenil. Según expuso, detectaron altas de montos millonarios asignados a nombre de menores en situación de vulnerabilidad cuyo cobro estaba direccionado a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

Asimismo, renovó los cuestionamientos comerciales e institucionales hacia la empresa estatal Santa Cruz Puede, al calificar su funcionamiento como una competencia desleal para el comercio privado local y denunciar falta de respuestas por parte de las autoridades ante los requerimientos legislativos.